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La ley fue aprobada pese a las protestas de un grupo de abortistas que hizo presión hasta el momento de la votación e incluso el reclamo de algunos organismos de la ONU, la Unión Europea y varios embajadores que pidieron a los diputados postergar la votación para después de las elecciones.
Desde 1891 se permite el aborto en Nicaragua en casos de riesgo para la vida de la madre, daños irreversibles al embrión o feto, o cuando el embarazo es fruto de una violación o incesto. Para practicarlo, se necesitaba el criterio unánime de al menos tres especialistas y el consentimiento de la madre o de un familiar de ésta.

La ley, que aún debe ser ratificada por el Presidente Enrique Bolaños, establece que las mujeres, el personal médico o las parteras que practiquen el aborto terapéutico podrían ser condenadas a entre cuatro y ocho años de cárcel.

Hace unas semanas, decenas de miles de personas marcharon por las calles de Managua para defender la vida de los no nacidos y llegaron hasta la sede de la Asamblea Nacional, donde el Presidente del órgano, el sandinista René Núñez, ofreció reformar el Código Penal para prohibir todo tipo de aborto en el país.
La marcha respondió a una propuesta de incluir el llamado "aborto terapéutico" en la Constitución del país.